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El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo radicó ante el Senado de la República el Proyecto de Ley de Competitividad, una iniciativa que busca reducir cargas administrativas, eliminar duplicidad de trámites y establecer plazos más claros para las empresas, con especial énfasis en las mipymes. Aunque el proyecto apenas inicia su trámite legislativo, plantea cambios que las áreas de creación de empresa, comercio exterior y cumplimiento normativo deberían empezar a monitorear.

El principio detrás de la iniciativa

El proyecto, liderado por el ministro Mauricio Gómez Amín, parte de una regla simple: si una entidad del Estado ya tiene un documento o una información del empresario, otra entidad no debería poder volver a exigírsela. Y si varios trámites pueden adelantarse de forma simultánea, el ciudadano no debería estar obligado a realizarlos uno detrás de otro.

Con ese principio, la iniciativa cubre sectores como comercio exterior, creación y funcionamiento de empresas, trámites sanitarios, licenciamiento urbanístico, y procesos notariales, registrales y catastrales.

Las medidas centrales

  • Expediente Único Empresarial Digital. Junto con el fortalecimiento de la Ventanilla Única Empresarial (VUE), permitirá que las entidades públicas compartan información entre sí, evitando que la empresa entregue repetidamente documentos que el Estado ya posee.
  • Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) fortalecida. Para las empresas exportadoras e importadoras, busca mejorar la coordinación entre entidades y reducir la repetición de documentos y controles sobre una misma operación.
  • Requerimiento único e integral en construcción y urbanismo. En lugar de solicitar información de forma fragmentada en distintos momentos, las autoridades deberán consolidar sus requerimientos.
  • Certificado urbanístico vinculante en 15 días hábiles. Busca dar mayor certeza a quienes necesitan tomar decisiones de inversión o desarrollo de proyectos.
  • Alivio para microempresas. Se contempla eliminar el cobro del concepto de inspección técnica de seguridad de bomberos para microempresas, reduciendo un costo asociado a su formalización y operación.
  • Controles proporcionales al riesgo. El proyecto no elimina las exigencias en salud, seguridad, ambiente o protección de terceros, pero busca que se ejerzan de forma más digital, coordinada y proporcional al nivel de riesgo de cada actividad.

Qué significa para las empresas

Para las mipymes —el segmento con menos capacidad para absorber costos y tiempos de trámites— la iniciativa apunta directamente a reducir barreras de entrada: crear empresa, formalizarse y adelantar procesos de inversión.

Para empresas con operaciones de comercio exterior, el fortalecimiento de la VUCE podría traducirse en menos documentos repetidos frente a la Dian y otras entidades de control. Y para proyectos de construcción o desarrollo urbanístico, un requerimiento único y un certificado urbanístico con plazo definido darían mayor previsibilidad a la planeación de inversiones.

En qué va el trámite

Estado del proyecto
  • El proyecto fue radicado en el Senado de la República el 18 de agosto de 2026.
  • Aún debe surtir el trámite legislativo completo (comisiones, plenarias y conciliación) antes de convertirse en ley, por lo que sus disposiciones definitivas pueden variar respecto al texto radicado.
  • Vale la pena hacer seguimiento a su avance en el Congreso antes de anticipar cambios operativos basados en el articulado actual.

En RMC seguimos de cerca este tipo de iniciativas porque inciden directamente en la carga de cumplimiento de nuestros clientes. Si su empresa quiere entender cómo el proyecto, de aprobarse, afectaría sus procesos de creación, formalización o comercio exterior, conversemos.

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