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En los últimos años, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) ha fortalecido de manera significativa sus procesos de fiscalización, apoyándose en cruces de información, análisis de datos y herramientas tecnológicas que le permiten identificar inconsistencias de forma cada vez más precisa. De cara a 2026, este escenario exige a las empresas y a los trabajadores independientes una gestión más rigurosa y preventiva de sus obligaciones en materia de seguridad social y aportes parafiscales.
Una fiscalización de la UGPP no necesariamente responde a una conducta dolosa. En muchos casos, se origina por errores operativos, interpretaciones incorrectas de la norma o falta de actualización frente a los criterios aplicados por la entidad. A continuación, presentamos los errores más frecuentes que suelen dar lugar a requerimientos, investigaciones o procesos sancionatorios.
Uno de los principales detonantes de fiscalización es la existencia de diferencias entre los ingresos reportados ante la DIAN y la base utilizada para calcular los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. La UGPP realiza cruces automáticos de información que permiten detectar cuando los aportes no guardan coherencia con los ingresos efectivamente percibidos.
Estas inconsistencias pueden presentarse, por ejemplo, cuando no se incluyen todos los conceptos que integran el ingreso base de cotización o cuando se presentan errores en la declaración de períodos específicos.
Otro error frecuente es la utilización de bases de cotización inferiores a las legalmente establecidas, ya sea por desconocimiento de los topes mínimos y máximos o por una interpretación inadecuada de los conceptos salariales y no salariales.
Este tipo de situaciones puede generar reliquidaciones retroactivas, intereses y sanciones, incluso cuando el aporte haya sido realizado de forma parcial.
La incorrecta clasificación de personas vinculadas a la empresa continúa siendo uno de los puntos de mayor atención por parte de la UGPP. En particular, la vinculación de contratistas independientes que, en la práctica, desarrollan sus actividades bajo condiciones propias de una relación laboral, representa un riesgo significativo.
Cuando se configura esta situación, la UGPP puede exigir el pago de aportes omitidos, junto con sanciones e intereses, afectando de manera directa la estabilidad financiera de la empresa.
Inexactitudes en las planillas de aportes, diferencias entre lo pagado y lo reportado, omisiones en ciertos períodos o errores en la identificación de los cotizantes son causas frecuentes de requerimientos formales.
La falta de conciliación periódica entre la información interna de la empresa y la reportada a los operadores de información incrementa la probabilidad de observaciones por parte de la entidad fiscalizadora.
No contar con contratos, comprobantes de pago, certificaciones, desprendibles de nómina o documentación que respalde los aportes realizados limita la capacidad de respuesta ante una fiscalización. En estos casos, la UGPP puede basar sus determinaciones en la información disponible, lo que suele resultar desfavorable para el contribuyente.
Muchas fiscalizaciones podrían evitarse mediante revisiones periódicas y controles internos adecuados. La ausencia de auditorías preventivas, conciliaciones y validaciones cruzadas incrementa el riesgo de errores acumulados a lo largo del tiempo.
De cara a 2026, la gestión de los aportes a seguridad social y parafiscales debe entenderse como un proceso estratégico y no meramente operativo. La anticipación, el análisis de riesgos y la correcta interpretación de la normativa vigente son elementos fundamentales para minimizar contingencias frente a la UGPP.
En este contexto, contar con el acompañamiento de un equipo especializado permite identificar oportunidades de mejora, corregir inconsistencias de forma oportuna y fortalecer los procesos internos de la organización.
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