El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) ha emitido durante este año una serie de conceptos que abordan temas clave para la profesión contable y el ejercicio de la revisoría fiscal. A continuación, destacamos algunos de los más relevantes, que reflejan los retos y las responsabilidades que enfrentan los profesionales de la revisoría fiscal.
El CTCP ha reafirmado que la fe pública otorgada por los revisores fiscales tiene un carácter único y no puede ser reemplazada por las funciones del contador público dentro de una organización. Esto se fundamenta en el artículo 10 de la Ley 43 de 1990, que establece que la firma de un contador o revisor fiscal otorga presunción de legalidad a los actos realizados. En las empresas donde ambos roles coexisten, es imperativo respetar los límites de sus funciones para garantizar la transparencia y el cumplimiento legal.
En un contexto donde la digitalización es cada vez más prominente, el CTCP ha señalado que las empresas pueden optar por conservar documentos contables en formato digital, siempre que se garantice su reproducción exacta. Este cambio, regulado por la Ley 962 de 2005 y el Código de Comercio, busca facilitar la gestión documental sin comprometer la seguridad ni la integridad de la información.
El marco legal actual establece que las sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.) estarán obligadas a contar con revisor fiscal solo si cumplen ciertos requisitos de ingresos o activos, o si lo establece una norma específica. Este criterio busca equilibrar la necesidad de supervisión con la capacidad económica y el tamaño de las empresas.
El revisor fiscal debe garantizar que los estados financieros de la organización cumplan con los estándares legales y normativos, especialmente en contextos complejos como las cooperativas. Es fundamental que estos profesionales mantengan independencia y claridad en sus roles, evitando conflictos de interés y realizando las auditorías con estricta adherencia a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
El CTCP ha reiterado la importancia de respetar los periodos de inhabilidad establecidos por la Ley 43 de 1990, especialmente al pasar de un rol de contador público a revisor fiscal en una misma organización. Este periodo de transición asegura la imparcialidad y evita posibles conflictos de interés que podrían comprometer la validez de los dictámenes financieros.
La Ley 675 de 2001 establece que el revisor fiscal en propiedades horizontales tiene funciones similares a las previstas para sociedades comerciales, adaptadas al contexto de las copropiedades. Estas incluyen:
El CTCP recomienda consultar el Documento de Orientación Técnica No. 15 para conocer lineamientos específicos sobre este tema.
Un revisor fiscal debe mantener independencia y evitar situaciones que comprometan su objetividad. Por ejemplo, según el artículo 56 de la Ley 675 de 2001, no puede ser propietario ni tener vínculos comerciales que puedan generar conflictos de interés con la administración de una copropiedad.
El CTCP subraya que, ante amenazas éticas o conflictos no mitigables, el revisor fiscal debería considerar la renuncia para proteger la integridad de su rol.
En un año marcado por avances normativos y reflexiones sobre la profesión contable, es esencial que los profesionales sigan alineados con las disposiciones legales y éticas que garantizan la confianza pública en su trabajo.
Desde RMC, reiteramos nuestro compromiso de mantener altos estándares de calidad y profesionalismo en el ejercicio de nuestras funciones como aliados estratégicos de nuestros clientes.
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